El escandaloso origen de los bonos de educación en Estados Unidos

Los bonos de educación o “vouchers” son unos polémicos elementos de las modernas “reformas” de la educación pública que en teoría deberían brindar oportunidades a las personas desfavorecidas y contribuir a que la educación sea más justa.

Inicialmente se pusieron de moda en Estados Unidos, y posteriormente se extendieron a otros países. Pero lo que quizás se desconozca es que, a finales de los años 1950, los bonos ya se utilizaban bajo otras formas para socavar la educación pública. Servían efectivamente para eludir la ley del país con el fin de preservar el modelo de segregación racial en las escuelas.

Segregación racial y bonos de educación

La decisión unánime que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó el 17 de mayo de 1954 en el caso Brown vs. Board of Education of Topeka[1] contradecía la resolución que se había dictado en el caso Plessy vs. Ferguson de 1896, por la cual se decretaba la constitucionalidad de la segregación racial en las escuelas públicas siempre y cuando la calidad de la enseñanza fuese la misma para las diferentes razas, lo cual nunca fue el caso.

En la resolución de 1954 redactada por el juez presidente Earl Warren, exgobernador republicano de California nombrado para el Tribunal por el presidente Eisenhower, el Tribunal decidió que “en el terreno de la educación pública no hay cabida para la doctrina separados pero iguales”. El Tribunal resolvió que las escuelas segregadas eran “inherentemente desiguales”.

En un veredicto posterior que agrupaba varios casos similares bajo el nombre “Brown vs. Board of Education”, el Tribunal Supremo ordenó a los tribunales de primera instancia aplicar en los otros casos la decisión anterior “con la mayor celeridad posible”. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) encabezó una batalla jurídicadurante un largo período de tiempo, incluso después de esta histórica resolución.

Uno de esos casos fue presentado ante los tribunales del estado de Virginia, que estaba gobernado por la “organización” del senador democrático Harry F. Byrd. Byrd fue uno de los defensores más notorios de la segregación racial, de los privilegios de los blancos y de la acumulación de riqueza en Estados Unidos. Fue uno de los líderes de la “resistencia generalizada” contra la resolución del Tribunal de Virginia y otros lugares. Una de las tácticas utilizadas por la “resistencia” consistía en cerrar las escuelas que habían optado por reabrir como escuelas racialmente integradas.

Ideólogos libertarios radicales

Economistas y abogados libertarios, dirigidos por James Buchanan[2], concibieron otro enfoque para oponerse a la decisión judicial del Tribunal de Virginia: cerrar las escuelas públicas, a pesar de que, en virtud de la Constitución del estado de Virginia, estas eran obligatorias.

El razonamiento sobre el que se basaba esta estrategia era que, como el Tribunal Supremo solo hacía referencia a las escuelas públicas, la resolución no se aplicaría a las escuelas privadas. Aunque todavía no existía el término “bonos de educación”, había nacido la idea de proporcionar subvenciones a los padres para que pudieran inscribir a sus hijos/asen escuelas privadas para blancos.

Este “experimento” finalizó en 1964, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió prohibir las becas escolares en la enseñanza privada en el estado de Virginia. Fue entonces cuando las escuelas de la municipalidad de Prince Edward County reabrieron sus puertas como escuelas integradas.

James Buchanan y sus partidarios fueron los “autores intelectuales” de muchas de las tentativas para preservar las escuelas segregadas. Mediante el desarrollo de un sistema de creencias y estrategias que iban más allá de la superioridad de la raza blanca, protegían la riqueza de los impuestos, y las empresas de la regulación y de las fuerzas populares adversas en favor de la democracia.

Sus objetivos principales incluían la educación pública y el gobierno en general, así como los sindicatos, la seguridad social y cualquier fuerza colectiva que amenazara con limitar el poder de las elites pudientes.

Los hermanos Koch

La asociación entre Buchanan y el multimillonario Charles Koch permitió financiar de manera segura y sostenible las actividades de investigación universitaria (por ejemplo, la Universidad de George Mason en Virginia), pero Koch también financió a varios centros de ideas (think-tanks), entre ellos el Cato Institute.

No obstante, los hermanos Koch, además de financiar proyectos de investigación a menudo cuestionables, también desarrollaron amplias estructuras de bases operativas. Las actividades del imperio Koch ejercen una gran influencia a nivel estatal[3] y en el ámbito de las propuestas de leyes.

Desempeñaron, por ejemplo, un importante papel en la ofensiva de Scott Walker, gobernador de Wisconsin, contra los/asdocentes y demás empleados/asdel sector público, una ofensiva que él mismo describió como su plan para destruir el poder de los sindicatos en todo el estado. Walker y sus partidarios/asestán tratando ahora de reinstaurar el modelo de segregación racial en determinadas escuelas de Wisconsin. Y, por supuesto, la resolución del caso Janus vs. AFSME[4]que pretende atacar de un solo golpe a los/asdocentes, los sindicatos del sector público, la educación pública y el movimiento sindical, es como un sueño en su triste e insignificante mundo.

Aunque es un tema poco conocido por el público, la maquinaria de Koch es una fuerza importante en la esfera política, tanto a escala estatal como a escala federal. Tras su jubilación, el rol político de David, hermano de Charles Koch, se desvanecerá, pero el aparato que los hermanos han erigido seguramente se mantendrá bien afianzado.

Bonos de educación – el renacimiento de una mala idea

Estas últimas décadas, los bonos de educación se han convertido en moneda corriente de la “reforma” escolar en Estados Unidos, y se han extendido a otros países. La experiencia está demostrando claramente que, en la mayoría de los casos, los bonos no favorecen una educación de calidad, y en cambio sí que parecen potenciar la segregación racial y la desigualdad. En muchos estados, las escuelas se han vuelto efectivamente a segregar. Incluso en California, lejos del Sur Profundo, los bonos han tenido un efecto segregador.

La expansión de la idea de los bonos de educación fuera de las filas de la derecha radical, más allá de aquellos que podrían ser educadamente tildados de “locos”, es una constatación preocupante. Una lección que se desprende de esta experiencia es que la formulación de políticas debería ser un proceso serio, basado en información verídica y no en especulaciones, y debería involucrar plenamente a los educadores/as profesionales que viven cada día para la educación.

Otra recomendación podría ser echar de vez en cuando un vistazo al espejo retrovisor. Un sistema concebido en los años 1950 para que los afroamericanos se queden en su sitio y para mantener a la élite en la cima, no puede constituir un instrumento que favorezca el progreso social de las personas pobres y de las minorías. Echar un vistazo rápido y objetivo a la historia permite ahorrar tiempo y evitar muchos errores absurdos.


[2]El fundamento intelectual de la corriente libertaria de la extrema derecha proviene en gran medida, directa o indirectamente, de su trabajo. Gran parte del contexto histórico recogido en este artículo procede de “La democracia encadenada”.

[3]Cuando el Consejo Americano de Intercambio Legislativo (ALEC) fue fundado en 1973 como una organización sin ánimo de lucro, reagrupaba a representantes empresariales y responsables políticos conservadores a nivel estatal. El ALEC está casi íntegramente financiado por intereses corporativos. Al principio la organización era totalmente desconocida fuera del ámbito político, y en cierta manera sigue estando envuelta en una especie de misterio. La influencia que ejerce en la legislación y en la regulación ha ido creciendo de forma paulatina, y sus actividades se han vuelto más públicas a medida que el trabajo de sus miembros ha sido revelado por organizaciones y periodistas, concretamente en lo que respecta al rol que ejercen los hermanos Koch.

[4]El 27 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció a favor del demandante en un voto ajustado de 5 contra 4, dictando que un empleado no sindicalizado del estado de Illinois no estaba en la obligación de abonar una cuota, cuyo importe era inferior a las cotizaciones sindicales, en concepto de unos servicios sindicales que la Federación Americana de Empleados Estatales, Condales y Municipales (American Federation of State, County and Municipal Employees, AFSME) debe garantizar por ley. Estos servicios incluyen la negociación y aplicación de convenios colectivos, así como la defensa de los derechos en los procedimientos de resolución de quejas. El Tribunal decidió que el pago de una cotización constituía una violación de la libertad de expresión de Janus. Ese principio será aplicado por los tribunales de primera instancia de todo el país y obligará a los sindicatos a representar gratuitamente a los trabajadores/as, so pena de verse expuestos a costosas demandas judiciales interpuestas por trabajadores/as no sindicalizados por motivo de “no representación”. La resolución podría debilitar considerablemente a los trabajadores/as y a sus sindicatos, y ese es precisamente el verdadero propósito de esta resolución. No se trata de proteger los derechos individuales, sino de debilitar el poder colectivo de los trabajadores y trabajadoras para defender sus propios intereses.


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Jim Baker

Jim Baker es Consultor para la Internacional de la Educación.

 

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